Artículo 34 · Exoneraciones

(Exoneraciones).- Están exonerados de este impuesto:

A) Los intereses de los títulos de Deuda Pública; así como cualquier otro rendimiento de capital o incremento patrimonial, derivados de la tenencia o transferencia de dichos instrumentos.

B) Los resultados obtenidos en los Fondos de Ahorro Previsional.

C) Los dividendos y utilidades distribuidos por entidades residentes y establecimientos permanentes, derivados de la tenencia de participaciones de capital, con excepción de los pagados o acreditados por los contribuyentes del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE) correspondientes a:

i) Rentas gravadas por dicho tributo.

ii) Rentas provenientes de entidades no residentes a que refiere el numeral 2 del inciso primero del artículo 6° del Título que se reglamenta que constituyan rentas pasivas, salvo que se encuentren comprendidos en el numeral anterior o que hayan sido objeto de imputación en virtud de lo dispuesto en el artículo 21° del Título 7 del Texto Ordenado 2023.

Al solo efecto de lo dispuesto en este literal, asimismo se considerarán contribuyentes del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE) todas aquellas entidades que se encuentren nominadas en los numerales 1) a 8) del literal A) del artículo 12° del Título 4 del Texto Ordenado 2023, aún cuando todas sus rentas sean de fuente extranjera.

Se incluye en el concepto de dividendos y utilidades gravados a aquellos que sean distribuidos por los contribuyentes del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE) que hayan sido beneficiarios de dividendos y utilidades distribuidos por otro contribuyente del tributo, a condición de que en la entidad que realizó la primera distribución, los mismos se hayan originado en las rentas a que refieren los apartados i) e ii) de este literal.

Estarán exentas las utilidades comprendidas en el apartado i) de este literal, retiradas por los titulares de entidades unipersonales y las distribuidas por las sociedades personales cuyos ingresos no hayan superado en el ejercicio que dé origen a la distribución el límite establecido para liquidar preceptivamente el Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE) en el régimen de contabilidad suficiente.

Asimismo, estarán exentos los dividendos pagados o acreditados por los contribuyentes del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE) y del Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios (IMEBA), en tanto las acciones que dan lugar al pago o crédito de los mismos coticen en Bolsas de Valores habilitadas a operar en la República. (*)

D) Los incrementos patrimoniales originados en rescates en el patrimonio de entidades contribuyentes del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas, del Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios, del Impuesto a las Sociedades Anónimas Financieras de Inversión y en entidades exoneradas de dichos tributos en virtud de normas constitucionales.

E) Las rentas originadas en la enajenación de acciones y demás participaciones en el capital de entidades contribuyentes del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas, y de entidades exoneradas de dicho tributo en virtud de normas constitucionales y sus leyes interpretativas, cuando ese capital esté expresado en títulos al portador.

F) Las donaciones efectuadas a organismos públicos. Quedarán asimismo exoneradas las donaciones recibidas.

G) Las rentas producidas por la diferencia de cambio originada en la tenencia de moneda extranjera o en depósitos y créditos en dicha moneda. (*)

H) Las rentas producidas por el reajuste originado en la tenencia de valores reajustables, depósitos o créditos sometidos a cláusulas de reajuste. (*)

I) Los incrementos patrimoniales derivados de las transmisiones patrimoniales cuando el monto de las mismas consideradas individualmente no supere las 30.000 U.I. (treinta mil unidades indexadas) y siempre que la suma de las operaciones que no exceda dicho monto, sea inferior en el año a las 90.000 U.I. (noventa mil unidades indexadas). Si no existiera precio se tomará el valor en plaza para determinar dicha comparación.

J) Las rentas derivadas de arrendamientos de inmuebles cuando se verifiquen conjuntamente las siguientes hipótesis:

1.- La totalidad de dichas rentas no superen las 40 BPC (cuarenta Bases de Prestaciones y Contribuciones) en el año civil.

2.- Los demás rendimientos de capital gravados obtenidos por el contribuyente no excedan las 3 BPC (tres Bases de Prestaciones y Contribuciones) en dicho período.

3.- El contribuyente autorice expresamente el levantamiento del secreto bancario a que refiere el artículo 25º del Decreto Ley Nº 15.322 de 17 de setiembre de 1982. La referida autorización deberá ser realizada en los términos y alcances establecidos en el inciso segundo del artículo 53 de la Ley Nº 18.083 de 27 de diciembre de 2006.

La Dirección General Impositiva expedirá una constancia en la que se acreditará el requisito establecido en el apartado 3 del presente literal.

K) Las rentas derivadas de investigación y desarrollo en las áreas de biotecnología y bioinformática, y las obtenidas por la actividad de producción de soportes lógicos y de los servicios vinculados a los mismos, que determine el Poder Ejecutivo, siempre que los bienes y servicios originados en las antedichas actividades sean aprovechados íntegramente en el exterior. La exoneración que se reglamenta, alcanzará a las rentas provenientes del arrendamiento, cesión de uso o enajenación de bienes incorporales, patentables o no, y de informaciones relativas a experiencias científicas, que sean el resultado de actividades, de investigación y desarrollo en las áreas de biotecnología y bioinformática realizadas por las entidades investigadoras.

Quedan asimismo incluidas en la exoneración las rentas provenientes de servicios de asesoramiento técnico en las áreas de biotecnología y bioinformática prestadas por las entidades referidas en el inciso anterior, con relación a los siguientes productos:

a) Dispositivos diagnósticos de uso humano y veterinario basados en

inmunología, microbiología, bioquímica y biología molecular.

b) Medicamentos basados en proteínas recombinantes de uso humano y

veterinario, como el caso de los biosimilares.

c) Productos y procesos basados en plantas medicinales y aromáticas,

sus componentes y derivados, tanto de uso farmacéutico y cosmético

como alimentario.

d) Nuevos productos y procesos que agreguen valor a insumos de

origen animal o vegetal o a residuos industriales de esos

orígenes.

e) Procesos de valorización de residuos de cualquier origen que

hagan uso de procesos basados en organismos vivos completos o en

productos obtenidos de ellos.

f) Productos y procesos relacionados tanto con la producción de

biocombustibles como con la valorización de sus residuos.

g) Bioprocesos y productos biotecnológicos que añadan valor a la

producción agropecuaria y agroalimentaria.

h) Desarrollo de anticuerpos con finalidad diagnóstica y

terapéutica.

La exoneración a que alude el inciso anterior en relación con soportes lógicos incluye el desarrollo, implementación en el cliente, actualización y corrección de versiones, personalización (GAPs), prueba y certificación de calidad, mantenimiento del soporte lógico, capacitación y asesoramiento. Los servicios vinculados comprenden los servicios de hosting, call center, tercerización de procesos de negocios, comercialización y otros servicios, en tanto en todos los casos tengan por objeto a los soportes lógicos, aún cuando dichos soportes lógicos no hayan sido desarrollados por el prestador de los servicios.

En todos los casos de la exoneración a que refiere el presente artículo se requerirá que los bienes y servicios originados en las antedichas actividades sean aprovechados íntegramente en el exterior.

L) Los incrementos patrimoniales derivados de la enajenación, promesa de enajenación o cesión de promesa de enajenación de Inmuebles que constituyan la vivienda permanente del enajenante, siempre que se cumplan conjuntamente las siguientes condiciones:

1. Que el monto de la operación no supere 1.200.000 U.I. (un millón doscientas mil unidades indexadas).

2. Que al menos el 50% (cincuenta por ciento) del producido se destine a la adquisición de una nueva vivienda permanente del contribuyente.

3. Que entre la enajenación o promesa de enajenación o cesión de promesa de enajenación del inmueble y la adquisición o promesa de adquisición de la nueva vivienda, no medie un lapso superior a doce meses.

4. Que el valor de adquisición de la nueva vivienda no sea superior a 1.800.000 U.I. (un millón ochocientas mil unidades indexadas).

Los mecanismos de retención del impuesto para enajenaciones, promesas de enajenación o cesiones de promesa de enajenación de inmuebles que establece el presente decreto y los que se dicten en el futuro serán aplicables a las operaciones a que refiere este literal. En tal hipótesis el contribuyente podrá solicitar un crédito por el impuesto abonado en exceso, aún cuando las condiciones referidas en los numerales precedentes se cumplan en ejercicios diferentes.

Interprétase que las cesiones de participaciones en sociedades civiles de propiedad horizontal, de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto Ley N° 14.804, de 14 de julio de 1978, y Decreto Ley N° 15.460, de 16 de setiembre de 1983, que cumplan las condiciones antedichas, también estarán exoneradas. (*)

M) Los premios de los juegos de azar y de carreras de caballos que verifiquen alguna de las siguientes condiciones:

i. cuyo importe no supere 100.000 U.I (cien mil unidades

indexadas);

ii. sea inferior a 71 (setenta y un) veces el monto de la apuesta

realizada. A estos efectos se considerará la definición de

apuesta establecida en el literal B) del artículo 29 bis del

presente Decreto.

Asimismo están exonerados los premios de juegos de azar cuya apuesta se encuentre gravada por el impuesto creado por el artículo 257 de la Ley N° 19.535 de 25 de setiembre de 2017.

Las condiciones a que refiere el inciso primero del presente literal no serán aplicables a los premios de la Lotería Nacional, los que se encuentran exonerados del impuesto que se reglamenta. (*)

N) Los dividendos y utilidades distribuidos por entidades residentes

y no residentes, cuando los rendimientos y los incrementos

patrimoniales que les den origen provengan de activos cuyas rentas

sean objeto del régimen de imputación definidos en el artículo 21° del

Título que se reglamenta. (*)

Ñ) Los dividendos y utilidades distribuidos por entidades no

residentes, cuando las rentas que les den origen sean puras

provenientes del factor capital, de fuente uruguaya y en tanto tales

rentas estén comprendidas en el Impuesto a las Rentas de los No

Residentes (IRNR).

Cuando dichos dividendos y utilidades sean distribuidos a una entidad

no residente o a una entidad residente incluida en los numerales 1) a

8) del artículo 12° del Título 4 del Texto Ordenado 2023, dichos

rendimientos y la exoneración correspondiente serán imputados

directamente a los contribuyentes del Impuesto a la Renta de las

Personas Físicas (IRPF), en tanto estos sean los beneficiarios finales

de la entidad no residente que realice la primera distribución. A tal

fin se considerará la definición de beneficiario final a que refiere

el artículo 22° de la Ley N° 19.484, de 5 de enero de 2017, salvo en

lo que corresponde al porcentaje mínimo de participación, que será del

5% (cinco por ciento). (*)

O) Los incrementos patrimoniales originados en la transferencia o enajenación de acciones, obligaciones y valores emitidos por los fideicomisos financieros, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley N° 17.703, de 27 de octubre de 2003, que verifiquen simultáneamente las siguientes condiciones:

1. Que su emisión se haya efectuado mediante suscripción pública con la debida publicidad de forma de asegurar su transparencia y generalidad.

2. Que dichos instrumentos tengan cotización bursátil en el país.

3. Que el emisor se obligue, cuando el proceso de adjudicación no sea la licitación y exista un exceso de demanda sobre el total de la emisión, a adjudicarla a prorrata de las solicitudes efectuadas.

El resultado de la venta de acciones y obligaciones que cotizan en bolsa al 30 de setiembre de 2010 estará exento aunque no se cumplan los requisitos precedentes. (*)

P) Los incrementos patrimoniales derivados de las transmisiones patrimoniales de bienes inmuebles ocasionadas en expropiaciones. (*)

Q)Los rendimientos y los incrementos patrimoniales de capital

mobiliario que paguen o pongan a disposición las sociedades

administradoras de fondos de inversión, siempre que provengan de

inversiones en valores públicos y valores privados con oferta

pública.

A tales efectos se entenderá que tienen oferta pública los valores que

verifiquen simultáneamente las siguientes condiciones:

1) Que su emisión se haya efectuado mediante suscripción pública con la

debida publicidad de forma de asegurar su transparencia y

generalidad.

2) Que dichos instrumentos tengan cotización bursátil en el país, de

acuerdo con las condiciones que establezca la reglamentación.

3) Que el emisor se obligue, cuando el proceso de adjudicación no sea la

licitación y exista un exceso de demanda sobre el total de la

emisión, una vez contempladas las preferencias admitidas por la

reglamentación, a adjudicarla a prorrata de las solicitudes

efectuadas.(*)

R) Los incrementos patrimoniales derivados de las transmisiones de

participaciones patrimoniales de personas jurídicas residentes

fiscales en territorio nacional, siempre que se cumplan las siguientes

condiciones:

a) los adquirentes sean personas jurídicas residentes fiscales en

territorio nacional;

b) que la persona física enajenante sea propietaria final de la o las

personas jurídicas adquirentes, ostentando dicha calidad en forma

previa a la transferencia de las participaciones patrimoniales;

c) que la persona física enajenante, luego de realizada la

transmisión, mantenga la condición de propietaria final por al menos

el 95% (noventa y cinco por ciento) de las participaciones

patrimoniales de la o las personas jurídicas adquirentes, por un lapso

no inferior a 4 (cuatro) años contados desde su comunicación al

registro a que refiere el literal f). En ningún caso se considerará

que existe alteración en la proporción patrimonial cuando la

modificación tenga su origen en una sucesión, partición del condominio

sucesorio, o disolución de la sociedad conyugal o su partición;

d) que la o las personas jurídicas adquirentes mantengan las

participaciones recibidas durante un lapso no inferior a 4 (cuatro)

años contados desde que opera la transferencia efectiva;

e) que el precio de la transferencia sea equivalente al valor fiscal

de las participaciones transferidas a la fecha de la operación; y

f) que se haya comunicado al registro que llevará a tales efectos la

Auditoría Interna de la Nación, la información relativa de la cadena

hasta llegar al propietario o beneficiario efectivo de las

participaciones que se transfieren. Dicho organismo establecerá la

forma y condiciones de la citada comunicación.

A los efectos del presente artículo, se entenderá por propietarios

finales a las personas físicas que cumplan con las condiciones

dispuestas por el artículo 22 de la Ley N° 19.484, de 5 de enero de

2017, aunque posean menos del 15% (quince por ciento) que dispone

dicha norma.

El valor fiscal a que refiere el literal e) será el establecido como

costo para las transmisiones patrimoniales de inmuebles.

Cuando se verifique el incumplimiento de alguna de las condiciones

dispuestas la operación de transmisión tendrá el tratamiento

tributario correspondiente al régimen general, debiéndose aplicar el

término de prescripción de 10 (diez) años contados a partir de la

terminación del año civil en que se produjo dicho incumplimiento. En

tal caso los tributos correspondientes deberán abonarse, sin multas ni

recargos, actualizados por la evolución de la Unidad Indexada entre la

fecha de su acaecimiento y la de la configuración del incumplimiento.

Las personas jurídicas adquirentes serán solidariamente responsables

de las obligaciones tributarias de sus antecesores, derivadas del

referido incumplimiento. Dicha responsabilidad se limita al valor de

los bienes que se reciban, salvo que los sucesores hubieren actuado

con dolo. (*)